Una salida política, tardía y desesperada de Santos


El presidente, Juan Manuel Santos, en la noche del jueves se dirigió al país, para informar que el gobierno había tomado la decisión de devolver con objeciones  la Reforma a la Justicia, al Congreso de la República por inconstitucional e inconveniente. Santos  afirmó que no permitirá que se den “gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados, o para generar un caos en la Justicia”. “Tengo el deber de impedir que esto prospere”.

Es claro que el Presidente tuvo una salida política desesperada a las múltiples críticas que se dieron con motivo de la aprobación de la reforma a la justicia, en los diferentes  medios de comunicación, redes sociales y a la puesta en marcha de una iniciativa ciudadana que busca derogar la Reforma a la Justicia a través de un referendo, acciones que preocuparon a Santos.

Más allá de si jurídicamente logra que funcione la salida de objetar el Acto Legislativo,  es indiscutible que políticamente buscaba frenar el impacto que esta Reforma estaba teniendo en la imagen de su gobierno y  que podría estar poniendo en juego su reelección.

Santos mencionó cuatro micos que fueron incorporados por la comisión de conciliación, uno, se le quitó  la competencia al fiscal para investigar a algunos aforados como los  ministros;  dos, el parágrafo transitorio que extiende la doble instancia a todos los procesos contra congresistas en la jurisdicción contencioso-administrativa; tres, se refiere a  la perdida de investidura de los congresistas, se adoptó la posibilidad de suspenderla y no de perderla, además de la necesidad de procesar a los congresistas teniendo en cuenta la proporcionalidad de la sanción y si actuaron con dolo o culpa; cuatro,  se suprimió el régimen de transición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual la Rama quedó transitoriamente en manos de su actual Director Administrativo, Diógenes Villa. En realidad, a excepción de lo relacionado con quitarle competencias a la fiscalía, los otros temas estaban incorporados desde antes, no nacieron en la conciliación, la pregunta es ¿Por qué el gobierno no se había pronunciado antes sobre ellos?.


Hoy todos nos preguntamos porque luego de un año de debates el gobierno viene a reaccionar de manera tardía, cuando la Reforma ya ha sido aprobada, con el beneplácito del Ministerio de Justicia, cuyo titular en la Plenaria del Senado tras haber sido aprobado el Acto Legislativo, le dijo a los congresistas con efusividad: “le han demostrado ustedes al país senadoras y senadores que era posible hacer una Reforma a la Justicia  sin necesidad de acudir a una Asamblea Nacional Constituyente”. De igual manera, al día siguiente en los diferentes medios de comunicación   afirmó: “Quiero agradecer el trabajo de los honorables senadores ponentes que estuvieron todo el tiempo acompañando el proyecto, de los miembros del equipo de conciliadores que participaron ayer”. El Presidente por su parte justificó su decisión de “objetar” la Reforma diciendo que los congresistas a puerta cerrada metieron unos ‘micos’ que “en nada favorecen a la justicia y la transparencia”.



Todo parece indicar que existen visiones contrapuestas entre el presidente Santos y el Ministro de Justicia sobre el contenido de la Reforma, razón por la cual el  Ministro no contó con el suficiente respaldo del Presidente en un tema de tal trascendencia para el país.  O pudo ser  que, una vez más, Santos recurre a la célebre frase que pronunció hace algún tiempo “es de imbéciles no cambiar de opinión”, pues en varias oportunidades ya lo hizo como el paro de camioneros, la reforma a la educación, la reforma arancelaria, la edad de jubilación, entre otros.


Quizá el  Gobierno no anticipó que el rechazo en la opinión pública iba a ser de esta magnitud y decidió desmontarse en el último minuto aprovechando lo de la conciliación. Así se vuelve a congraciar con los ciudadanos. A diferencia del Ministro Esguerra quien por este motivo y debido a las fuertes presiones de la ciudadanía debió presentar su renuncia y asumir la responsabilidad que tuvo al haber apoyado la aprobación de una Reforma que no convenció a nadie, ni siquiera a los que obtuvieron grandes beneficios como los magistrados de las altas Cortes. Santos debería asumir también la responsabilidad política del Gobierno y no excusarse en los “desmanes” de los Congresistas que redactaron la conciliación.


De esta manera, quedan solo tres caminos posibles para contrarrestar tan oprobioso ataque al Estado Social de Derecho: que la reforma regrese al trámite legislativo y, producto de la nueva situación política, no prospere; que se presente una nueva reforma constitucional que corrija los errores de la actual o promover un referendo derogatorio en los términos del artículo 377 constitucional.


Consideramos que el camino más expedito, viable y efectivo para contrarrestar la reforma, es una fuerte movilización ciudadana, encaminada a promover el referendo derogatorio, con el objeto de generar la presión política necesaria para que el Acto Legislativo no nazca a la vida jurídica o que, en caso de que esto suceda, se logre su efectiva derogatoria en las urnas, por parte del constituyente primario.

 

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