Reforma estructural: Solución a la crisis de la salud


El sistema de Salud colombiano continua en una profunda crisis, es inconcebible que ningún gobierno en estos diez y ocho años, de implementación de la Ley 100 de 1993, haya tomado las medidas correctivas para solucionar toda la problemática que está inmersa en el modelo de aseguramiento. Persisten millones de compatriotas sin cobertura, la inequidad al interior del sistema es dramática, la calidad en la atención es casi una ilusión de los usuarios, todos los días  hospitales y clínicas se ven obligados a cerrar servicios por falta de pago por parte de EPS y entidades territoriales, los indicadores de salud pública, que eran un ejemplo para los países de Latinoamérica, hoy son bastante cuestionables y los trabajadores y profesionales del sector salud padecen una permanente violación de sus derechos laborales que no tiene  comparación con otros sectores de la economía.


Pese a lo anterior, el gobierno del presidente Santos persiste en defender lo indefendible, como son las supuestas ventajas del modelo de aseguramiento y el papel que en él juegan entidades intermediarias, que no agregan valor al sistema, como son las EPS, empresas que juegan con la vida y la salud de todos los colombianos, con el objetivo de obtener altas tasas de ganancia que llenen las ambiciones codiciosas de los negociantes de la salud. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, se insiste en mantener las EPS, se cree que las medidas adoptadas garantizarán el derecho a la salud y se proponen otras medidas que solucionarán, ahora sí, toda la problemática, como si en 18 años no se hubiera buscado soluciones a partir de dos leyes, más de 500 decretos, 700 resoluciones e innumerables acuerdos que desarrollan o modifican la Ley 100, sin lograr resultados satisfactorios. Insistir en soluciones parciales, no es más que un camino para aplacar el descontento popular que existe en torno a la grave situación del sistema de salud colombiano.


En este contexto, las críticas al modelo de salud cada vez son más notorias y provienen de diferentes sectores. La Procuraduría General de la Nación, en la rendición de cuentas realizada ante la Corte Constitucional por el cumplimiento de la Sentencia T-760 manifestó, con relación a las fallas originadas en el SGSSS  que: “El mayor obstáculo, es que no se revisa el modelo de salud en sus estructuras. La problemática del SGSSS obedece a fallas estructurales, y si la norma no tiene vocación de aplicabilidad y desarrollo, con mayor razón se debe aplicar una reforma estructural al sistema, concibiéndola más equitativa a partir de la lógica de derechos fundamentales y referencias jurisprudenciales, y no a la eficiencia económica”. De igual manera, el vicepresidente de la república aseguró, con referencia a la intermediación de EPS que: “Son cerca de 37 billones de pesos anuales que el país destina para la salud, somos uno de los países que más recursos destinamos para este sector, pero se quedan cerca de 9 billones en gastos de intermediación, eso es inaudito. Hoy ha hecho crisis el sistema además por algunas prácticas corruptas, tanto en el sector público como en el privado”.


En consecuencia, es impostergable que el país se adentre en un gran debate público que busque desarrollar un nuevo modelo de salud público y universal, donde se brinden garantías reales y efectivas al derecho fundamental a la salud, sin intermediación, ni ánimo de lucro, soportado en una red hospitalaria fuerte encaminada a prestar atención con calidad, oportunidad y accesibilidad para todas y todos los colombianos y colombianas.

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