La lucha contra las Drogas: ¿de la criminalización a la legalización?


Las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la legalización de las drogas, tienen dos significados de especial relevancia: primero, pone en la agenda pública un debate tan controvertido como necesario en un país que padece las consecuencias sociales y de orden público que el narcotráfico genera, y que además se constituye en un serio problema de salud pública a nivel mundial; y segundo, revela un reconocimiento tácito aunque velado, de la poca efectividad que ha tenido la estrategia dictada desde Washington para su combate.

El solo hecho de que un Gobernante en ejercicio plantee la vía de la legalización como una posibilidad real de combate al tráfico de estupefacientes, marca un giro en la lógica de criminalización que hasta ahora ha seguido nuestro país, que entre otras cosas ha contribuido a la vulneración de las libertades individuales.

La legalización, más allá de criterios de carácter moral, enmarca el problema en su dimensión social real, correspondiente a las consecuencias que para la salud de los individuos conlleva el consumo de sustancias alucinógenas y/o estupefacientes. Una cosa es el lucro elevado que genera la comercialización, al cual contribuye la prohibición, y otra, la responsabilidad del Estado en generar mecanismos adecuados y suficientes de educación, persuasión y tratamiento de la adicción en el marco del respeto a la libertad individual, aspecto sobre el cual poco o nada se ha hecho en la estrategia seguida hasta ahora.

Es evidente que la criminalización del consumo lejos de reducir los índices de “enfermedad” y de mortalidad asociados a este, contribuye más bien a incrementar los beneficios asociados al tráfico, y estos a su vez, financian la consolidación de una industria esta si criminal, que se constituye en caldo de cultivo para la corrosión de la seguridad y para la corrupción de sociedades como la nuestra, cuyo territorio es propicio para la producción de este tipo de sustancias.

Aun es absolutamente prematuro pensar en la posibilidad real de una salida vía legalización del consumo, pero si esta lograra consolidarse, permitiría a la sociedad colombiana transitar del tratamiento penal, al tratamiento vía salud pública, a nuestro juicio mucho más efectivo para el logro del objetivo de reducir el daño que las drogas causan a sus consumidores, con el inmenso beneficio adicional de eliminar los problemas de orden público y de “moral” pública que conlleva el tráfico ilegal.

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